LA JUSTICIA COLOMBIANA: el verdadero debate
David
Jiménez[1]
La aprobación del acto
legislativo de reforma a la justicia por el Congreso de la República, ha ocasionado
debates nacionales sobre la constitucionalidad e inconstucionalidad de dicha
reforma hasta alcanzar propuestas de
referendos derogatorios y de asamblea nacional constituyente. Sin embargo, son
pocos los que se preguntan por los verdaderos problemas del sistema judicial
colombiano, que necesitan ser reformados vía constitucional ó legal. Los cuales
no ha tenido en cuenta ninguna rama del poder público, y de manera notoria e
inexcusable la rama jurisdiccional.
Los
problemas de la justicia
En primer lugar, un núcleo
conformado por el tipo de elección de magistrados[2].
La independencia del juez es indispensable para un Estado de Derecho viable. Al
respecto existen tipos de elecciones política, interinstitucional y técnica. La
primera refiere que su nominación y nombramiento provenga de un partido
político ó del parlamento, la segunda se establece cuando un órgano del Estado
nomina y otro nombra, por ejemplo, el Presidente terna 3 candidatos para la
Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia selecciona en su
sabiduría y evaluación al mejor candidato; y la tercera señala cómo el nombramiento
se hace por medio de un concurso público evaluando la formación académica,
producción intelectual y experiencia laboral de los candidatos a ocupar dicho
cargo.
De esta manera, es
indispensable para el sistema judicial colombiano, la selección de magistrados y jueces se haga
de forma visible y por medio de concurso público abierto. La exigencia
impostergable es escoger las mejores personas con cualidades éticas,
académicas, intelectuales y laborales
para que sus decisiones sean ajustadas a
la constitución y la ley, y su nombramiento no resulte de favoritismo debido a uno o varios congresistas, presidente ó
magistrado, con la vergonzosa cadena de agasajos que persuaden a los que
seleccionan a los jueces. El fin es explícito en
este procedimiento democrático propuesto: tener mayor independencia judicial y
evitar clientelismo de los políticos y
de magistrados.
En segundo lugar, el
sistema judicial colombiano necesita mayor presencia con jueces y fiscales en
los 1.100 municipios del país[3]. Es la garantía para la efectiva
administración de justicia establecida en el Estado Social de Derecho, que sancione todos los delitos tipificados en los
diferentes códigos, métodos alternativos de resolución de conflictos; cortar la
impunidad y evitar así la aparición y proliferación de la justicia privada como
fórmula perversa de “resolución de conflictos”.
Aún tenemos barrios en
ciudades y en municipios, donde el juez y fiscal es una banda criminal, neoparamiltar
ó grupo guerrillero los que determinan desde el pago de una deuda, los
horarios de los establecimientos públicos, el tránsito de peatones hasta la
venganza por un hurto u homicidio. En pocas palabras, es la urgencia de
fortalecer la capacidad judicial del Estado
para evitar el debilitamiento extremo en la administración y ejecución
de la justicia, y el desgaste de la poca legitimidad que respalda nuestro
precarísimo entramado institucional.
En tercer lugar, la rama
judicial debe asegurar un sistema de transparencia, información y rendición
pública de cuentas de todos sus procesos judiciales, administrativos y
presupuestales en estrecha correlación con las funciones constitucionales y
legales a su cargo, al servicio de la ciudadanía y demás órganos del Estado. El
fin es claro, lograr una justicia abierta, pública y transparente de cara a la
sociedad que paga por ello. Implica terminar con
el descaro criminal de los presupuestos mal invertidos, las pensiones
exorbitantes, y adjudicadas de forma ilegal, entre los más notorios vicios.
En cuarto lugar, el sistema
judicial debe asegurar mayor eficiencia, celeridad y transparencia en los
procesos judiciales para que les garanticen a los ciudadanos un resultado
oportuno, válido y eficaz. Se corta de tajo la impunidad que termina en el círculo
vicioso de la violencia con la
proliferación de la justicia privada en todo tipo de causas litigiosas.
En quinto lugar, los
órganos del sistema judicial y de seguridad del Estado deben lograr cero
injerencia de las organizaciones criminales;
así como extirpar el cáncer institucional alimentado por la voraz diada
corrupción-clientelismo que impide lograr un sistema judicial transparente.
Lecciones
por aprender
La influencia histórica y
hegemónica de la cultura anglosajona en
lo económico, cultural y político por parte
de los Estados Unidos sobre América Latina, en especial, Colombia, los poderes
públicos colombianos tienen mucho por aprender del sistema judicial
estadounidense para lograr independencia judicial, eficiencia y transparencia
para resolver las fallas de la justicia colombiana y del régimen político.
El Congreso y el Gobierno
Nacional deberían aplicar los lineamientos de las organizaciones multilaterales
como el Banco Mundial para mejorar la capacidad de la justicia y la seguridad aumentando el fortalecimiento del Estado. Tal
y como lo señaló su informe de 2011[4], procediendo con la celeridad con que lo hacen cuando aplican las medidas de ajuste
fiscal y los tratados de libre comercio sin la participación ciudadana.
Una Ñapa
¿Qué tal les parece que los
magistrados, jueces y fiscales sean destituidos e inhabilitados para ocupar
cargos públicos por tráfico de influencias y conflicto de intereses al igual
que un congresista?
¿Qué tal ver a magistrados,
congresistas, presidentes y ministros cotizando al sistema general de pensión
de la ley 100 de 1993 y 797 de 2003, al igual que muchos colombianos, y sin
régimen especial en pensión?
Algo aprendería el
funcionariado de la vida cotidiana de una ciudadanía agobiada por cargas
tributarias y sin garantía de la contraprestación efectiva de los servicios
públicos más elementales.
[1] Politólogo, Unal. Miembro del Grupo
Presidencialismo y participación. Coordinador de iniciativas académicas e
investigativas en la sede de la Universidad Nacional de Medellín. Administrador
académico del blog Gobernanza y
Biosociedad, nodo en la red virtual
(Anti)escuela Ciudad Blanca que articula los siguientes blogs: praxisur,
coyuntura sociopolítica, seminario.internacional.gramsci,
www.laotramovida.net,www.transpolitica.org.
[2] Ver más, Rubiano
Galvis, Sebastián (2009). La Corte Constitucional: entre la independencia
judicial y la captura política. En Mauricio García Villegas y Javier Revelo Rebolledo (eds.). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de
poderes y Estado de Derecho en Colombia 2002-2009. Bogotá: Dejustica.
[4] Ver más, BANCO MUNDIAL. Informe sobre
desarrollo mundial 2011. Conflicto, seguridad y desarrollo. Washington DC, World Bank, 2011. Recuperado
el 20 de diciembre de 2011 http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/SPANISH_WDR2011_Overview.pdf
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