EL
CÓDIGO MINERO Y LA (DES)PROTECCIÓN
AMBIENTAL
David Jiménez[1]
La renta minera y la consiguiente
dependencia de los recursos naturales no renovables ha sido el boom en el país durante la última
década. Por esa razón al Gobierno Nacional le urge la expedición de un código
minero que respetando la consulta previa
establezca unas reglas de juego claras para las empresas nacionales y
transnacionales mineras.
Sin embargo, aunque el
mercado global y las transnacionales de los grandes empresas mineras les urge tener
unas reglas claras y seguridad jurídica para sus inversiones, al Gobierno y el
Congreso Nacional le corresponde fijarse en otros aspectos.
Pero, la Agencia Nacional de
Minería ANM, no tiene la suficiente capacidad técnica, operativa y humana para
ejercer funciones de inspección, vigilancia y control a la minería. Aunque
cuenta con sedes regionales fuera de la Capital, la realidad es que no ejercen
una vigilancia real de las empresas mineras. Solo lo advertimos cuando se
producen grandes accidentes con muertes incluidas. Entonces nos darnos cuenta de las fallas por la ausencia
de control e intervención.
A su vez, la expedición de
títulos mineros y solicitudes de legalización por parte de las autoridades
mineras a los nacionales y extranjeros
debe tener mayores plazos, con estudios del impacto ambiental; declarar las
zonas de protección y libres de la minería en toda la geografía nacional. Es un
asunto de geopolítica y de suministro de recursos naturales para las nuevas
generaciones, haciendo realidad ese cuento del “Desarrollo Sostenible o Sustentable”.
Por otra lado, el nuevo
sistema general de regalías que “reparte
la mermelada” en toda la geografía, como lo explicaba el profesor y
exministro Juan Carlos Echeverry, una
vez aprobado por el Congreso, no se
contempló la inversión obligatoria dirigida a la protección, conservación y
recuperación ambiental, para compensar las pingües ganancias de la actividad
minera y energética que degrada el medio ambiente.
En otra óptica, muchos
pensábamos que el nacimiento del Partido Verde en las elecciones de 2010 y
2011, sería la entrada al juego político de una agrupación en defensa del medio
ambiente y la biodiversidad; pero este partido se sumó a la Unidad Nacional y
como tal es un apéndice del Ejecutivo.
Ese sueño solo duró un periodo electoral. La Gobernación “Verde” de
Antioquia continúa su proceso de expedición de títulos mineros sin una defensa
cabal del medio ambiente y los recursos naturales en Urabá, Bajo Cauca,
Nordeste y Suroeste antioqueño.
De esta manera, con la
entrada en vigencia del anterior Código Minero contemplado en la ley 685 de
2001, está deberá ser reformada; claro, no para favorecer la degradación
ambiental por la obtención de una renta pasajera e ilusoria.
Según nuestra constitución
de 1991, está en manos del Congreso de la República, la solución para estos
abusos producidos por los megaproyectos. La fórmula es más “democracia”, pero
no la tradicional, donde votan en las sesiones regulares y extraordinarias los bucaneros de los
intereses clientelistas y el lobby
empresarial, sino aquella participación activa de la sociedad civil y la
ciudadanía.
Dicha realidad impide estas componendas y conciliábulos a través de su movilización nacional; y en su defecto que el Presidente, los Gobernadores y Alcaldes utilicen los mecanismos de participación ciudadana la convoquen para avalar las decisiones sobre el rumbo de la minería y los recursos naturales del país, que es la garantía de vida futura para nuestros padres, hijos, nietos y bisnietos.
Dicha realidad impide estas componendas y conciliábulos a través de su movilización nacional; y en su defecto que el Presidente, los Gobernadores y Alcaldes utilicen los mecanismos de participación ciudadana la convoquen para avalar las decisiones sobre el rumbo de la minería y los recursos naturales del país, que es la garantía de vida futura para nuestros padres, hijos, nietos y bisnietos.
PD: Con el esquema actual de
títulos mineros, en un futuro muy cercano, encontraremos municipios en nuestra
geografía donde las zonas rurales en su
mayoría no tendrán campesinos y propietarios de Haciendas sino territorios
enajenados a la voluntad depredadora de las empresas mineras, con el nefasto
resultado de la “muerte y el fin del
campesinado”, para dar paso a nuevas
configuraciones sociales y territoriales, que afianza lo establecido ya en las
tesis de Michel Serres (Hominiscencia, 2003 ) y, el historiador recién fallecido,
Eric Hobsbawm (Historia del siglo XX, 1995).
[1]
Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS de
la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario