miércoles, 19 de diciembre de 2012

REFORMISMO CONSTITUCIONAL


REFORMISMO CONSTITUCIONAL
David Jiménez[1]

La Asamblea Nacional Constituyente estableció que los mecanismos para reformar la constitución de 1991 sería a través del congreso, referendo ó de una Asamblea Nacional Constituyente.

En la democracia colombiana, la participación ciudadana como constituyente primario y soberano para decidir el rumbo del Estado en manos de sus representantes, porque la constitución desde 1991 ha sido reformada solo por el congreso excepto por el referendo de 2003 donde se aprobó una reforma que consiste en la pérdida de derechos políticos a las personas que sean condenadas por delitos contra el patrimonio del Estado.

Los hechos 1991-2010

Desde aprobada la constitución de 1991, cada gobierno intenta reformarla sustentado en su votación popular y su mayoría legislativa con la premisa de “modernizar el Estado”.

En el periodo de Cesar Gaviria, el gobierno de facultades nunca antes de vistas a través de los parágrafos transitorios otorgados por la Asamblea Nacional Constituyente logró aprobar mediante decreto la reforma al Estado sin contar con el Congreso, y solo hasta 1993, logró aprobar tres (3) actos legislativos para modificar la carta política.

Con Ernesto Samper, se aprobarón cinco (5) actos legislativos, la reforma más conocida es la aprobación de la extradición. En el gobierno Pastrana, con una visión de reestructurar el Estado y sus proyectos de  ley para convocar a referendo y de reforma política quedaron archivados en el congreso por no contar con mayoría para su aprobación, solo logro aprobar seis (6) reformas , la más recordada, el sistema general de participaciones regulada posteriormente por la ley 715 de 2001.

Posteriormente, el periodo presidencial más largo posterior a la constitución de 1991, Álvaro Uribe logró aprobar en 8 años quince (15) reformas, en especial, la reforma política de 2003 y 2009 que han buscado fortalecer los partidos políticos  en el plano ideológico y programático con la sociedad, al parecer no sido una realidad.  De las reformas, solo el Acto Legislativo No 1 de 2008 terminó negado en su totalidad porque buscaba incorporar a los empleados públicos nombrados en provisionalidad en carrera administrativa, fue declarado inexequible dicha reforma por la Corte Constitucional.

El presente 2010-

El Gobierno Reformista de Juan Manuel Santos, no escapa a la excepción presidencial de modificar la constitución con su mayoría parlamentaria,  a Diciembre de 2012, en 2 años y 4 meses de gobierno ha logrado ocho (8) actos legislativos, y si la reforma a la justicia hubiera sido aprobada, serían 9 en total.

Ningún Presidente, en 28 meses ha logrado 8 reformas a la carta magna en la historia política de Colombia desde 1886. A parte de eso, entre septiembre de 2010 a diciembre de 2012 el Presidente ha sancionado 182 leyes cuando su antecesor en 8 años sancionó 639 leyes.

Al parecer, el Gobierno que tiene reelección asegurada por su mayoría parlamentaria y por el presupuesto general de la Nación, y con su visión reformista de la constitución de 1991, los colombianos terminaremos regulados por una constitución expedida por el gobierno de turno, en especial del Presidente que al parecer le hará mayores reformas.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

lunes, 10 de diciembre de 2012

CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN


CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN
David Jiménez[1]

La mano invisible de Adam Smith no ha podido controlar la especulación y los desequilibrios entre oferta y demanda desde siempre. Seguro que él, un moralista escocés, no contaba con que muchas democracias tendrían sistemas políticos con corrupción en las instituciones y en las empresas.

Hace cerca de 2 años,  la película Inside Job, “trabajo confidencial”, dirigida por Charles Fergusson ganó el premio Oscar por mejor documental en 2011. Ella  mostraba los orígenes de la crisis financiera en EE.UU en 2008 debido a la corrupción, el conflicto de intereses, que incluyó la traición de los académicos quienes defendían el sistema financiero; y al mismo tiempo con ellos como ahora en Colombia, a los “ benditos” consultores de las grandes empresas, calificadoras de riesgo corruptas hasta el tuétano. Por nombrar a algunos de los seres que encarnan y se benefician de los “problemas” de la desregulación del mercado de capitales, y sus consecuencias económicas y sociales desvastadoras para miles de miles que construyen con su trabajo honesto y esforzado este joven e ingenuo país.

El caso colombiano

Aquí, el mercado de valores y de capitales solo es vigilado por la Superintendencia financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de resto por la Bolsa de Valores de Colombia, DECEVAL y el auto-regulador del mercado de valores. Estos son los reguladores privados de dicho mercado, esto es,  opera bajo la feria de  los intereses privados de los empresarios de la especulación, la cueva de Rolando del capital financiero transnacional.

La desregulación para la inspección y vigilancia del mercado financiero y de valores ha provocado el colapso más grande la última década: la liquidación de la empresa de origen antioqueño Interbolsa, que tuvo como su antecedente de más bajo espectro a Factor Group, del que se hizo hasta hoy poco ruido, y se masticaron muchas nueces de parte del señor Vigoda, estrella fugaz del grupo SURA.

Al parecer la especulación con recursos de inversionistas terminó, Fabricato fue el trompo de poner, porque ya no podía cumplir con las obligaciones pactadas y los beneficios prometidos a estos. Esta solo fue la apariencia, la forma para dar a conocer su descalabro económico, sin que la gran mayoría pudiera conocer la fecha exacta del declive y corrupción sobre el uso de las inversiones y el aumento ficticio del precio de la acción de Fabricato. Pero eso sí, sus directivos sí pudieron hacer su agosto, pagándose jugosas primas y salarios, y poniendo a buen recaudo parte de sus fortunas personales.

Sin embargo, todos se preguntan a posteriori, dónde estuvo la Superintendencia financiera para darse cuenta de las inconsistencias de las operaciones de Interbolsa, y notar el rosario de funcionarios que se declaraban impedidos, desde el exministro de Hacienda para abajo, para dejar que la bola de nieve rodara cuesta abajo y en silencio; ó si los auto-reguladores privados, DECEVAL, fueron afectados por una intempestiva ceguera, digna de un relato de Saramago al revés, para dejar el mercado accionario en manos de piratas depredadores, y tampoco quisieron notar las trapisondas, las supuestas  “fallas” de la empresa Interbolsa.

Lecciones por aprender

En estos tiempos de la economía de mercados desregulados y globalización tout court, insinuar la regulación estatal al mercado de valores y financieros parece estar en otros tiempos del siglo XX, arrinconada como una antigualla. Así que, es obvio que este mercado global maneje discrecionalmente sus niveles de corrupción ad infinitum  para enriquecerse con la especulación y la ingenua codicia de los peces pequeños, sin tener en cuenta las consecuencias económicas que le puede traer a un país, sacrificado en el altar del capitalismo casino, cuando dichas operaciones no tienen éxito recognoscible a nivel nacional aunque llenen las faltriqueras de otros truhanes avisados a nivel regional y global.

En la crisis de Estados Unidos y Europa desde 2008, provocada por la desregulación, obrando a través de las hipotecas basura, las “famosas” subprime, todo el sector privado acudió a golpear las puertas del Estado, y Obama compró su elección a cambio del rescate descarado de los ladrones del erario; y algo similar ocurrió con casi todos  los Bancos Centrales para que intervinieran y salvaran financieramente con los ahorros y seguridades de los muchos a  los bancos privados piratas y ladrones.

 Así que el Estado volvió a ser un protagonista comparsa para salvar a los empresarios del mercado de capitales, más no para que se les inspeccione, vigile y regule constantemente. Se volvió a repetir la advertencia del demonio Marx, que calificó a los Estados del siglo XIX como una agencia administradora de los riesgos del capital.

En Colombia, a pesar de ser un país con alto niveles de corrupción, ubicado en el puesto 94 de 174 a nivel mundial en el informe presentado por Transparencia Internacional, sus autoridades, con el presidente a la cabeza, también deben atender y resolver los problemas ocasionados por la corrupción privada en el mercado de capitales. Para diseñar sin dilaciones una regulación especial para dicho sector con sanciones penales y económicas para los miembros de las juntas directivas y cuerpos directivos de las empresas.

Así mismo, el eufemista gobierno de la prosperidad debe regular el papel de la Bolsa de Valores de Colombia, Deceval,  y fijar sanciones severas para el autoregulador del mercado de valores, y castigar con la legislación que regula el pánico financiero a los que han esquilmado la riqueza colectiva. Se trata de no acabar de rasgar del todo el velo de la ignorancia bautizado confianza inversionista, por el anterior ocupante de palacio, y aprender con sentido práctico tanto las lecciones de la película Inside Job,  y en el plano local la sobreactuada tragicomedia de Interbolsa.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

martes, 4 de diciembre de 2012

LOS LÍMITES DE LA PAZ CON LAS FARC


LOS LÍMITES DE LA PAZ CON LAS FARC
David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional adelanta un proceso de negociación con las FARC. El supuesto de la reincorporación a la vida civil de los combatientes y la participación en política de sus miembros bajo el orden constitucional de 1991.

¿Los limites internacionales?

Nuestro país ha celebrado y ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario; con lo cual las negociaciones con el grupo armado ilegal ó terrorista FARC deben estar sincronizadas con esta normatividad internacional de la cual ha sido un violador sistemático con sus acciones armadas contra la población civil al incumplir en materia de derechos humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración Americana de los Derechos del Hombre (1948) , Convención sobre los Derechos del Niño (1990); además, en materia de Derecho internacional humanitario nunca ha cumplido los cuatro convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados.

La firma del tratado de Roma sobre la constitución de la Corte Penal Internacional, tiene jurisdicción en Colombia para castigar los crímenes de guerra, genocidio, de agresión y lesa humanidad, dónde las Farc con sus masacres no salen bien libradas.

Finalmente, desde los ataques a EE.UU el 11 de septiembre de 2001, Colombia se encuentra entre los Estados que ha condenado y cumplido las resoluciones de la ONU para combatir y perseguir el terrorismo.

Los retos

Las negociaciones con las FARC deben ser públicas de cara a la ciudadanía y a la opinión nacional e internacional. El proceso no puede estar pensando en construir un país de “Alicia en el país de las maravillas” desconociendo los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia en asuntos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Antiterrorismo, Corte Penal Internacional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ahora no podemos conseguir la paz con las Farc retirándonos de los tratados internacionales. Tal y como acaba de suceder al desconocer el gobierno de Colombia la competencia de la Corte Internacional de Justicia después de la pérdida de mar territorial con Nicaragua, porque terminaríamos induciendo una muerte letal al principio de la confianza inversionista  en  el mercado de capitales nacional y extranjero, sin lograr resolver el problema principal de las fronteras nacionales con tal remedio.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

domingo, 25 de noviembre de 2012


¿MÁS ALLÁ DE LA HAYA?
David Jiménez[1]

La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin al conflicto limítrofe entre los países de Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos.

El fallo del alto tribunal cedió mar asumido desde 1928, cuando menos, como colombiano a los nicaragüenses, pero en Colombia muchos quedaron sorprendidos, porque perdimos una gran porción territorial  que contiene importantes recursos naturales, y afecta la actividad económica regular de los isleños, quienes ya protestan en las calles.

¿Es cuestión solo de soberanía y nacionalismo?

El Congreso Colombiano desde los partidos de la Unidad Nacional hasta el Movimiento Mira y el Polo Democrático, rechazan esa pérdida de mar territorial colombiano. Algunos como el expresidente Uribe proponen incluso no acatar la decisión del Tribunal de La Haya. Y la canciller Holguín responde que el fallo no se ha acatado aún.

Ahora bien, el Gobierno y la Cancillería deben actuar en marco del Derecho internacional público y la diplomacia, para solicitar tanto la revisión del fallo como las aclaraciones que sean necesarias; pero, en caso de que la decisión sea adversa para nuestros intereses, no queda más que cumplirlo.

 Hay una sencilla y poderosa razón. En la economía internacional, los inversionistas necesitan seguridad jurídica. En caso de que Colombia no acepte el fallo de la Corte Internacional de Justicia, hipotéticamente, p.e, ¿qué pasaría con el comportamiento de los inversionistas que compran títulos de deuda pública? Ellos colocan sus cuantiosas sumas de dinero en el mercado de capitales  e  instalan sus negocios para exportar ó importar productos en Colombia, y para nada puede agradarles, si un gobierno decide no cumplir con las decisiones de un tribunal de arbitramiento internacional  ó no pagar la deuda pública aduciendo que tiene un interés nacional que defender.

Algo que no pueden olvidar en el partido de la Unidad Nacional es que de los tres objetivos de seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, este último podría estar afectado cuando un Estado de Derecho no cumple con los fallos de los tribunales internacionales.


¿Se tendrá confianza en el mercado y con los países vecinos?

                                               Por otro lado, incumplir un fallo por cuestiones limítrofes, en un futuro Colombia tendría que tomar partido en los diferentes conflictos limítrofes en toda América Latina, los cuales aún no han sido solucionados. ¿Cuál será el resultado? no afecta el mercado y las relaciones comerciales subcontinentales, claro que sí.

En estos casos, la coalición gobernante de la Unidad Nacional no debe olvidar el mercado y las relaciones comerciales con otros países, porque de hacerse la de la vista gorda, y disponerse a cantar en el altar del desacato deja un lado su principio de la confianza inversionista. Aplasta el huevito más consentido del ex Uribe, por lo cual fueron elegidos desde 2002 con él dos veces, y ahora reelección garantizada con Juan Manuel para el 2014. Pero, están jugando con candela, y podrían perderlo casi todo.

PD: Para no acatar las decisiones internacionales se debe tener poder económico y militar como EE.UU, y ni eso, porque no pocos días que tuvo que pagar por debajo de cuerda la indemnización a Nicaragua que le impuso la Corte por el minado de puertos, que realizó valiéndose de la contra-guerrilla Misquita.

EE.UU, con todo,  aún no reconoce el Tratado de Roma como instancia superior a  la Corte Penal Internacional, y es “resabio” pasarse por la faja las soberanías de los países en vías de desarrollo, siempre que le viene en gana. Empezando por Colombia, con el histórico baldón de la pérdida de Panamá que perpetró Theodor Roosevelt pretextando el apoyo a la independencia de los canaleros con el concurso del aventurero francés Buneau Varilla.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

martes, 20 de noviembre de 2012

LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?


LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?

David Jiménez[1]

La ley 100 de 1993 buscó establecer dos sistemas pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el ahorro individual con solidaridad. Desde 1994 aparecen los fondos de pensiones privados administrando el régimen de ahorro individual con las cotizaciones de servidores públicos, trabajadores dependientes e independientes.

El régimen de prima media es financiado con recursos del Estado, el requisito es 60 años para hombres y 55 para las mujeres. A partir de 2014 se incrementa la edad de jubilación en dos años para cada género.  En el régimen de ahorro individual, la pensión no tiene requisitos de edad sino de capital financiero acumulado

Sin embargo, la reforma pensional de 2005 estableció que el límite de pensiones para los fondos públicos será de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Desde entonces existen varias propuestas de reforma como eliminar el régimen de prima media para no permitir nuevos afiliados, y que todo el sistema sea mayoritariamente privado bajo  el régimen de ahorro individual. Esto es el desmonte de lo poco que queda de Estado de bienestar, en un país que no lo conoció en los términos que existió en la Europa de la segunda posguerra.

Las  reformitas pensionales

Varios congresistas de la Unidad Nacional[2] han radicado el proyecto de acto legislativo no 176 de 2012 en la Cámara, “Por medio del cual modifica el parágrafo 1º y se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia”, para que la pensión máxima otorgada en el régimen de prima media no exceda los 10 salarios mínimos. El argumento es buscar la sostenibilidad fiscal del Estado frente al pago de pensiones con recursos del presupuesto general de la Nación. Así mismo, en el repertorio tienen circulando el proyecto de acto legislativo No 039 de 2012, Cámara, que busca incluir la pensión mínima para los adultos mayores.

Por otro lado, también se encuentra radicado el proyecto de Ley 049 de 2012, Cámara:  “Por medio de la cual se establecen normas tendientes a ampliar la cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y se dictan otras disposiciones”. Aquí se busca que los afiliados al régimen subsidiado en salud y los beneficiarios de los cotizantes en el régimen contributivo puedan cotizar para una pensión.  También permite a los extranjeros que trabajen en el país cotizar a un régimen de pensión.

En pocas palabras, este proyecto busca aumentar la cobertura del sistema. Aunque también a los pobres que están en el régimen contributivo sin pagar la PILA (salud y pensión), podrán quedarse como beneficiarios o afiliados en el sistema de salud sin tener que hacer el pago como cotizantes en salud sino  realizar aportes solamente para pensión.

Lo que no se toca

La ley 100 de 1993 prometió la universalidad del sistema, pero a pesar de la promesa legal ésta nunca ha sido real y efectiva. Miles de miles de colombianos cotizamos: los independientes un 16% sobre nuestro salario, y un 12% los trabajadores dependientes. Mientras,  la mentada universalidad no se ve ni por las curvas.

El grupo de privilegiados que hacen las leyes, las interpretan y las aplican, ni por equivocación tocan sus cuantiosas pensiones: la Rama Judicial, La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los Congresistas.  Estas pensiones son los premios gordos  para alimentar las lealtades de la alta burocracia del Estado y de los que legislan a favor de las minorías.

A hoy, muchos del club de privilegiados formados por las ex altas dignidades están ganándose una mesada pensional por encima de los 25 salarios mínimos. En este caso, ¿qué es lo qué pasa con éstos magistrados, congresistas, el procurador y la contralora de antes y de ahora?.

Están pensando unos y otros en la sostenibilidad del sistema pensional para que no percibir más pensiones que sobrepasen lo fijado por la constitución y la ley. O es  sólo para los de ruana  dicha sostenibilidad que “arropa· a la mayoría de los colombianos? La ciudadanía tiene que tomarse la palabra y reorganizar esa inequitativa casa llamada Colombia.


[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.
[2] H.R. DIDIER BURGOS RAMIREZ, H.R. ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ, H.R. HOLGER HORACIO DIAZ HERNANDEZ, H.R. ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA, H.R. MIGUEL GOMEZ MARTINEZ, H.R. WILSON HERNANDO GOMEZ VELASQUEZ, H.R. PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON, H.R. GERARDO TAMAYO TAMAYO, H.R. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

miércoles, 31 de octubre de 2012

LA U: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?


LA U: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

David Jiménez[1]

El Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) fue fundado por Juan Manuel Santos y Luis Guillermo Vélez Trujillo en 2006, inspirados en el Uribismo de la época, alimentado por  la salida de muchos militantes del oficialismo liberal. A su vez, el Partido de la U logró obtener la mayor votación para las elecciones a congreso de 2006 y 2010, y con su aliado natural, el Partido Conservador consiguieron luego la  mayoría mínima en las cámaras.

 Ahora bien, después, su coalición actual solo ha dejado por fuera a la izquierda democrática representada en el PDA que por el desastre en Bogotá ha perdido la confianza para realizar debates de control político exitoso al Gobierno Santos, como lo hiciera con éxito en la era Uribe a través de sus capitanes Petro, Robledo y Avellaneda, entre los más notorios y ruidosos en el mejor sentido.

La participación política a la vista

El articulo 127 de la Constitución Nacional y el artículo 48 de la ley 734 de 2002 Código Disciplinario de los Servidores Públicos, prohíben la participación en política de servidores públicos. Sin embargo, es vox populi, que el Presidente en la Asamblea de la U, pronunció el discurso donde estuvo más al lado político y electoral de su partido que una convención programática para definir políticas nacionales exigidas a un gobierno por una colectividad política. Tal parece, como es el Presidente, que Santos no tendrá sanción alguna al arrancar su campaña a la reelección, como, en cambio, sí la tuvo el exgobernador Abadía, inhabilitado por invitar a los alcaldes vallunos a respaldar a Andrés Felipe Arias como precandidato presidencial.

A su vez, el Presidente invitó a no respaldar los proyectos de reforma para autorizar vía constitucional el cambio de partido ó la escisión del mismo, justificando que debilitaría a su partido, La U.

En la mañana y en la tarde: las apariciones

En la mañana, tuvimos el discurso de Uribe, y en la tarde, el de Santos. Es un hábito permanente, manifiesto, entre los dirigentes políticos y del partido de la U para evitar una confrontación ideológica y de opiniones sobre el acontecer nacional. En lo cual siguen siendo libero conservadores, y para nada democráticos. Ni se lo sueñen.

Es así como se comportaron en los ejercicios preliminares de la campaña para congreso y presidencia. Tales fueron los casos  del Encuentro de Líderes del Suroeste Antioqueño, en Betulia, Uribe llegó en la mañana y Santos en la tarde; en el Encuentro de Lideres del Occidente Antioqueño, en Santa fe de Antioquia, Uribe en la mañana y Santos en la tarde y en la Asamblea del Partido de la U, paso lo mismo.

Es hora de la definición

Los Senadores y Representantes a la Cámara, debe definir en cuál orilla estar, en la ideológica con Álvaro Uribe Vélez, ó en la burocracia que maneja el presupuesto y los más altos cargos del Estado para obtener votos, al lado presidencial.

A su vez, los diputados y concejales deben tener un espacio real sobre la definición ideológica y del futuro del Partido de la U, porque ellos son los representantes de las regiones y municipios, son los que están en permanente contacto con sus comunidades y militantes. Porque de participación no sabemos, ni los dirigentes “naturales” quieren saber nada.

PD: ¿Acaso es malo que exista oposición al Gobierno?, ¿Quién gobierna a los congresistas: su veto se compra con burocracia y presupuesto nacional? ¿Qué diría George Tsebelis[2] estudiando el caso colombiano?



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS
[2] Tsebelis, G. (2006). Jugadores con veto. Como funcionan las instituciones políticas. México D.F: FCE 

lunes, 29 de octubre de 2012

EPS-S MIXTA PARA ANTIOQUIA: ¿CUÁL SOLUCIÓN?


EPS-S MIXTA PARA ANTIOQUIA: ¿CUÁL SOLUCIÓN?

David Jiménez[1]

Capital Salud EPS-S fue una apuesta tramposa del Gobierno de Samuel Moreno y el Polo Democrático Alternativo en asocio con la EPS Salud Total. El negocio integraba al Distrito Capital con un porcentaje de participación del 51%, y la empresa privada de un 49%.

El Acuerdo Distrital No 357 de 2009, primero, y del Decreto Distrital 46 de 2009, después, permitieron la creación y funcionamiento de la EPS-S Mixta para los habitantes de la capital de la República. Pero a 2012, con más de tres años de existencia, es otro elefante blanco financiero, y su riesgo de desaparecer está latente. Es el resultado flagrante de un desastre más, que no solo fue la corrupción en la contratación con los NULE.

Una historia para no repetir en Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, bajo la alianza  Medellín-Antioquia AMA de Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal Gaviria Correa, buscan crear una EPS Mixta en asocio con la caja de compensación familiar COMFAMA. Y tienen ese antecedente nefasto como piedra en el camino.

Una de las principales justificaciones es el retiro de las aseguradoras del régimen subsidiado EPS-S del Departamento, sin embargo, los Diputados de Antioquia y los Concejales de Medellín deben tener varias preguntas para la discusión de esta acción fundamental de concretarse:

-          ¿Qué harán los diputados y concejales cuando  Alcaldes y Gerentes presentan quejas por el incumplimiento de la EPS-S Mixta en los pagos a las IPS públicas y privadas?
-           
-          ¿Cómo van a efectuar un control e inspección técnica e independiente la Secretaria de Salud de Antioquia y Medellín para atender quejas, demandas y solicitudes de los ciudadanos por la prestación de servicios de la EPS-S  Mixta, del cuál cada entidad hace parte del negocio?

-          ¿Las demandas judiciales que hagan los usuarios a la EPS-S Mixta la terminará asumiendo la misma entidad ó en su defecto los socios, o peor aún, la ciudadanía mal servida y “paganini” en últimas?

-          ¿Qué harán los diputados y concejales cuando los ciudadanos se quejen porque la oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud es pésima?

-          ¿Los privados no van a ingresar a una sociedad para presentar resultados sociales sino financieros?

-          ¿La EPS-S Mixta se ganará todos los contratos con los 125 municipios para atender al régimen subsidiado ó tendrá más competidores en el mercado de la salud?


Enfrentando la cara siniestra de la Ley  100

                                              La salud es responsabilidad del Estado, pero cada vez más el Gobierno nacional la deja a la deriva en las entidades territoriales, así que, tener una EPS de carácter público, obliga al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín a tener responsabilidad presupuestal para un financiamiento adecuado de servicios de salud. Y tiene que cumplir los estándares de acreditación , habilitación, oportunidad, acceso y calidad para no terminar en el mismo circulo vicioso de EPS que dejan la red pública hospitalaria en condiciones de quiebra, asignación de citas incumplidas en meses; muerte de pacientes por retrato en atención y autorizaciones retrasadas para segundo y tercer nivel de complejidad.

Así mismo, las autoridades locales deben discutir y reflexionar con las corporaciones públicas las implicaciones jurídicas y fiscales cuando el negocio de tener una EPS-S Mixta con capital mayoritariamente público no generé rentabilidad al privado, ó en el peor de los escenarios, no sea autosostenible económicamente.

Finalmente, en Antioquia no podemos imaginar que seamos innovadores para crear una modelo nacional de salud. Las autoridades regionales y locales deben mirar más allá de nuestras montañas, cada vez más yermas; y los 125 municipios han de estar atentos para conocer y digerir las lecciones de Bogotá y otras zonas del país.

Se trata de no repetir las fallas de administraciones irresponsables y “ladronas” de las finanzas públicas territoriales, con un gobierno central, que anula toda descentralización; con todo el poder en el presupuesto nacional pero que juega de espectador interesado con la Supersalud y el Ministerio de Salud, mientras millones de colombianos no acceden a servicios oportunamente y de calidad. Estos, a no dudarlo, tienen que exigir su participación decisoria en todo el sistema de salud nacional, regional y local, aunque pareciera que  “las uvas siguen verdes”.

PD: Exigir al gobierno de la Unidad Nacional, cumplir con los principios de la constitución de 1991 y su artículo 48 para prestar un servicio de salud digno. Es una responsabilidad de los ciudadanos vigilar a las autoridades territoriales que siguen sin cumplir con escasísimas excepciones, enriqueciendo mientras a vampiros privados, y a los que se disfrazan de servidores públicos desde aquí hasta la China de Wen Jibao para acumular sus fortunas a costillas de la riqueza social despilfarrada.


[1] Politólogo UNAL. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

domingo, 21 de octubre de 2012

PROCESO DE PAZ: “SIN OBJETIVOS POLÍTICOS”


PROCESO DE PAZ: “SIN OBJETIVOS POLÍTICOS”

David Jiménez[1]

El Gobierno de la Unidad Nacional ha impulsado un diálogo con las FARC-EP para una solución pacífica del conflicto, para lo cual buscó la aprobación del Marco Jurídico para la Paz  (Acto Legislativo No 1 de 2012). Pero una de las principales barreras al proceso, para lograr que los máximos jefes guerrilleros participen en política y no paguen cárcel por sus delitos, son los tratados internacionales aprobados y ratificados por Colombia sobre la Corte Penal Internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y de Lucha contra el terrorismo. Así las cosas,  la ley estatutaria del Marco Jurídico para la Paz no puede desconocer dicha normatividad internacional de carácter vinculante para nuestro país.

Sin Objetivos políticos

S. Kalyvas[2] ha sostenido que las nuevas guerras civiles ( en caso de considerar nuestra guerra como civil) carecen de objetivos políticos y de respaldo popular, así que la guerra se ha convertido en la lucha por bienes privados sin respaldo popular. De ser esto cierto, en pocas palabras, las pregunta es: ¿ qué sectores sociales representan las Farc-ep?.

De otra parte, la beligerancia en el Derecho internacional público  ha sido otorgada a grupos revolucionarios que buscan la independencia nacional ó el reconocimiento étnico, regional ó religioso. Aquellos han sido grupos que han obtenido respaldo popular, tal como se demuestra en Europa y Asia Central al finalizar la guerra fría con la emergencia de nuevos Estados-Nacionales.

Sin embargo, el programa ideológico y político de las Farc podrá estar en sus documentos históricos, porque su origen tiene motivaciones ideológicas, pero con el pasar del tiempo terminaron entrampados en la cadena productiva del narcotráfico y la minería ilegal. Además, los actos de terrorismo cometidos por el grupo armado ilegal como el derribó de torres de energía eléctrica, tomas armadas a cabeceras municipales, carros bombas, hostigamientos, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de adolescentes, violencia sexual, secuestros, extorsiones, paros armados, retenes ilegales,  afectan a la población civil y no solamente a sus adversarios, los gobernantes  y las fuerzas de defensa y seguridad del Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué objetivos tiene esta  guerra? son los objetivos civiles, más clara aún,  ¿quién es el enemigo de las Farc: las instituciones del Estado y quienes las gobiernan , ó lo es la sociedad en forma indiscriminada?.

¿Las mentiras, obstáculos al proceso de paz ?

La rueda de prensa con los delegados de las Farc-ep permitió escuchar y ver que la guerrilla no reconoce sus delitos y crímenes contra la sociedad colombiana en sus más de 40 años de existencia como grupo armado ilegal. No obstante, para empezar a dialogar, lo primero que debe existir es un reconocimiento de los actos cometidos contra la sociedad con ocasión del conflicto armado.

Para iniciar, empezamos mal. Negar el narcotráfico y el secuestro, una práctica habitual de la guerrilla, es como dicen popularmente en mi región: tapar el sol con las manos, cuando ayer sábado, precisamente, el mundo tendrá la oportunidad de ver una deslumbrante lluvia de meteoritos, que rememora, a los aficionados a la astronomía, el paso del famoso cometa Halley. Esta última es la tarea de la sociedad, que tendrá que iluminarle el sendero a las partes involucradas en la negociación que se instaló en Oslo con notorios claroscuros.

PD: ¿Es posible el diálogo y avances del proceso de paz cuando existe de por medio la confrontación armada?  y, de otra parte, ¿cuál es el tipo de guerra que se libra en Colombia: guerra civil, contra la sociedad, de baja intensidad, contra el terrorismo, o una guerra contrainsurgente? Estas preguntas no sobran.  


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS
[2] Ver más  Kalyvas, S. (2009). El carácter cambiante de las guerras civiles 1800-2009. Colombia Internacional, No 70 ; Kalyvas, S. (2006). Nuevas y viejas guerras civiles. ¿ Una distinción valida ? . En Cante, F. & et. At. Acción política no violencia. Opción para Colombia. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario

lunes, 15 de octubre de 2012

LA CRISIS: CAFÉ Y CACAO


LA CRISIS: CAFÉ Y CACAO
David Jiménez[1]

En un recorrido sobre el Nordeste Antioqueño, los pequeños productores de café y cacao (personas con predios de menos de 100 hectáreas), se comprueba que afrontan una de las peores crisis, se están empobreciendo cada vez más. Les aclaro en seguida los siguientes puntos a discutir por ambos sectores.

Los cacaocultores
La cacaocultura, afronta una especie de monopsonio, pues solo dos son los compradores de sus productos, la empresa Nacional de Chocolates y la Casa Luker. La mano invisible de Adam Smith parece jugarle mal a los cacaocultores.  Estos gremios económicos cuasi todopoderosos deciden el valor de compra; pueden importar cacao para presionar la disminución de los precios internos del producto, afectando el ingreso de miles de familias que subsisten en el sector.

Es obvia la falta de regulación e intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar las prácticas de los grandes del sector de chocolates en Colombia, porque si esperamos que la mano invisible del mercado solucione los desequilibrios entre oferta y demanda, los campesinos estarán más pobres.

Así mismo, las reglas de los créditos con las entidades financieras para renovar y rehabilitar cultivos, son más costosas que el precio real, profundizado con la caída del precio para la venta a los dos compradores del mercado nacional, algunos señalan que es fácil señalar un monto para rehabilitar por hectárea, desconociendo los verdaderos costos de insumos y de mano de obra en el mercado , el estado de las vías terciarias y la geografía, en pocas palabras, no es lo mismo San Vicente de Chucuri  (Santander) que Anorí (Antioquia).

Por otro lado, la locomotora del desarrollo agropecuario, no brinda asistencia técnica continua y permanente a los cacaocultores con personal de tiempo completo. El Gobierno Nacional desconoce la capacidad fiscal de los municipios de categoría sexta que no pueden contratar personal de tiempo completo para estas actividades ó lo peor de todo, no tienen presupuesto para cofinanciar un proyecto de asistencia técnica con las Secretarias de Agricultura Departamental y/o  entidades nacionales (ICA, Minanagricultura).

Los caficultores
Las familias campesinas que subsistente del café vienen desde el siglo XIX. El Gobierno Nacional desde hace décadas ha dejado la producción, asistencia técnica, comercialización y distribución nacional e internacional en manos de la Federación Nacional de Cafeteros.
Los cafeteros, con la famosa contribución cafetera que se traduce en impuestos para financiar la burocracia de Fedecafé más la caída del precio, se están empobreciendo al igual que los cacaocultores.

Los técnicos de Fedecafé no están de forma continua en un determinado municipio, están en los más productores, y las entidades municipales invierten poco por su falta de capacidad fiscal en asistencia técnica agropecuaria de calidad y permanente. De este modo, los cafeteros sufren al igual que los cacaocultores: precios bajos, subsidios escasos y poca asistencia técnica. De esta manera, las federaciones no deben convertirse en clubes sociales y exclusivos para élites empresariales dentro de cada sector, se debe aumentar su participación en todos los escenarios económicos y políticos de los pequeños productores en la formulación e implementación de políticas públicas para el bienestar y calidad de vida de la mayoría de las familias campesinas caficultoras.

La asistencia técnica, los créditos con tasas de interés subsidiado, y el control del monopsonio de los compradores en el mercado; la intervención en la economía es una tarea que el Estado no debe abandonar al libre mercado; porque la mano invisible no controla la corrupción privada del sector financiero y empresarial,  tal como está probado en las crisis económicas en Estados Unidos y Europa; la falta de control termina en especulación que se traduce en desempleo y pobreza.

PD: La locomotora del desarrollo agropecuario en la Unidad Nacional, tiene que decidir si coloca en primera categoría a los campesinos pobres, o si sigue  empobreciendo ó no a las familias campesinas, cacaoteras y caficultoras, con sus políticas desorientadas que afectan la calidad de vida e ingreso de millones de personas, en beneficio de una infinita minoría que los explota sin contemplaciones. Es una tarea para el presidente convaleciente, y para el vicepresidente que no se designa a ser arrumado en el cuarto de los muebles viejos.  



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

sábado, 6 de octubre de 2012

DEMOCRACIA RECONCENTRADA: VENEZUELA


DEMOCRACIA RECONCENTRADA: VENEZUELA

David Jiménez[1]

La democracia liberal y contemporánea tiene como esencia la participación ciudadana en los asuntos públicos, en términos de elegir de modo periódico a sus representantes, y un control al ejercicio del poder político de los gobernantes, con la convicción que las elecciones no garantizan la democracia real en un determinado sistema político.

La Re-cooptación

En las democracias occidentales, Hugo Chávez (1999-2012) de obtener el triunfo este domingo, será el gobernante  que más ha permanecido en el poder en las últimas tres décadas  de democratización y transiciones de la guerra a la paz, ó de tránsito del autoritarismo a la democracia en América Latina, y permanecerá  hasta el 2019, si su salud no le juega una mala pasada de nuevo.

El Presidente Chávez obtuvo el poder en 1998, con un congreso opositor, y con la constituyente lo revocó. Desde entonces ha gozado de mayoría legislativa para impulsar toda clase de reformas constitucionales, legales y de evitar un control político a las políticas que dispone y sus resultados. De modo secuencial ha logrado cooptar todas las ramas del poder público, y los órganos del Estado recreados bajo la constitución de 1999.

La constitución venezolana de 1999, los artículos 156 y 236, otorga al presidente facultades de regulación e intervención administrativa, social y económica; además con la reforma a la relección en el artículo 230, el poder presidencial venezolano desdibuja funcionalmente el poder estatal y municipal bajo un estado que se autodenomina constitucionalmente federal, y con independencia y autonomía de las ramas del poder público.

Sin embargo, el respaldo electoral obtenido por el Cdte Chávez en las urnas desdibuja la fórmula de los “checks and balances” con los que fuera craneado el régimen presidencial estadounidense para garantizar el juego de las minorías, según el decir de Madison y Hamilton en los papeles del Federalista.

¿Comprando  votos?

La política social en la Venezuela del actual presidente  ha buscado la disminución de la pobreza y garantizar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida a los venezolanos del común. Pero,  tiene también otro fin, los votos de la ciudadanía beneficiada. Ortega, D. & Penfold-Becerra, M. (2008) encuentran que las misiones (programas sociales) del Gobierno Chávez aumenta recursos para estas políticas en municipios y Estados afines en lo político-electoral, y los restringen en los que no le son afectos.

Al parecer, desde 1998 el Gobierno ha pasado por elecciones nacionales y referendos populares, con la cual la reproducción electoral ha sido una constante para conservar el poder, excepto cuando perdió el referendo en 2007 cuando el pueblo no decidió admitir reformas constitucionales de iniciativa gubernamental pero en 2009 Chávez logro obtener la aprobación de otro referendo para poder ser candidato presidencial en 2012 y con elecciones estar hasta el 2019.

Sin embargo, Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, han logrado estar en el poder por la falta de oposición en la Asamblea Nacional; primero, cuando los partidos opositores se abstuvieron de participar en las elecciones de 2006, dejando el camino libre a la unanimidad nacional en un cuerpo de representación populares que exige la presencia de diversos intereses sociales, económicos y políticos necesarios para la democracia.

Otra mirada

El neopopulismo de izquierda, señala Ignacio Walker (2008), ha permitido la aparición de nuevas demandas ciudadanas y movimientos sociales, pero a la vez nos retrotrae al personalismo, y las formas plebiscitarias bajo  una modalidad de democracia delegativa como la bautizara Guillermo O´Donnell.

En la democracia venezolana existen vastos sectores sociales que históricamente han sufrido exclusión social, económica y política del sistema político; pero, en respuesta en parte niveladora el poder ahora ha sido concentrado y delegado a un Presidente reelegible con cuerpos legislativos mayoritarios que impiden  un sistema de pesos y contrapesos propios del  Estado Democrático liberal contemporáneo.

Así que, los excluidos del ayer, deben estar felices, y los excluidos de hoy, en la tristeza. Será entonces que la democracia siempre es ¿exclusión? : los que ganan elecciones a un lado,  y quienes pierden en elecciones al otro. Lo cual se parece al decir de Jacques Rancière, quien habla de la democracia en términos de desencuentro contra las lacras de la “postdemocracia”, que él ve se imponían desde los años 90 alrededor del mundo.

PD: En Colombia discutimos las prerrogativas constitucionales del Presidente sobre las demás ramas del poder público y órganos del Estado. Con la aprobación fraudulenta de la relección presidencial, muchos servidores públicos en las altas dignidades del Estado tienen una afinidad política con el primer mandatario, y coartan el equilibrio de poderes. Ahora bien, ¿Venezuela nos da lecciones para evitar diseños institucionales de monarcas presidenciales?.

Referencias

Ignacio Walker (2008). Democracy and populism in Latin American, Working Paper No 347, Kellog Institute, Notre Dame University

Ortega, D. & Penfold-Becerra, M. (2008). Does clientelismo work?: electoral returns of excludable or no-excludable goods in Chavez ´s missions programs in Venezuela. Paper delivered at the American Political Science Association, Boston, August.

República Bolivariana de Venezuela. Constitución Política de 1999 . Recuperado http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS